El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral la causa que investiga al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a más de una docena de otros dirigentes sociales, por el presunto desvío de fondos destinados a la asistencia social y la supuesta extorsión tanto a los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo como a aquellos que aspiraban a obtener dicha protección.
El magistrado tomó una decisión luego de que tanto el fiscal, Gerardo Pollicita, como los organismos querellantes solicitaran la elevación a juicio. También se habían expresado las defensas de los dirigentes del Polo Obrero.
En los considerandos, Pollicita sostuvo que, entre junio de 2020 y marzo de 2024, existió una “matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica” que habría defraudado al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”.
Por un lado, se investigó el desvío de los fondos asignados mediante convenios a talleres y emprendimientos sociales. Esa operatoria incluyó la presentación de facturas truchas –como justificaciones ante el Estado de los gastos– emitidas por presuntas empresas fantasmas ligadas al Polo Obrero, como Coxtex SA.
Entre otras empresas que se usaron para desviar los fondos también está la imprenta del PO, Ediciones e Impresiones Rumbos. Además, Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini fueron otras firmas utilizadas para la maniobra.
A estas empresas se desviaron unos 40 millones de pesos de los 360.000.000 que recibieron el Polo Obrero y el Resplandor como unidades de gestión. Con parte de ese dinero, el PO luego contrató a una empresa de publicidad que hizo campaña digital para el partido. “Lo público se confundió con lo privado”, escribió el juez Casanello cuando procesó a Belliboni.
Además, se investigó la utilización del extinto programa social Potenciar Trabajo como un sistema de premios y castigos que los dirigentes implicados repartían según se asistiera o no a las movilizaciones callejeras impulsadas por la agrupación.
En los allanamientos a comedores y cooperativas del movimiento, ordenados al inicio de la investigación, se encontraron listados de control de presentismo y un cuaderno anillado que en su lomo dice “sanciones”.
La causa comenzó a construirse en diciembre de 2023 a partir de una serie de denuncias realizadas en una línea telefónica que habilitó para esos fines el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
Además de Belliboni, considerado el organizador de la estructura delictiva, también fueron acusados los referentes nacionales Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. En esa lista también están, entre otros, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.