El Gobernador Axel Kicillof vetó en forma parcial el Presupuesto para el año próximo de la Cámara de Diputados en un aspecto clave de la transferencia de fondos que le tiene que girar el Ejecutivo para su funcionamiento, lo que desató una fuerte controversia jurídica y política.
Kicillof avanzó con un Decreto -2947/2025- que establece observaciones sobre un artículo del Presupuesto que cambió el modo en que hasta ahora se giraban los fondos: el Ejecutivo lo hacía a medida que tenía disponibilidad, pero con la nueva ley se establecía un goteo automático, con intervención incluso del Tribunal de Cuentas para sancionar a los funcionarios que no cumpliesen.
Desató de esa manera un debate constitucional centrado en si es factible que el Ejecutivo disponga el modo en que reparte los fondos con otro poder del Estado, el Legislativo, algo que en principio el Artículo 94 de la Constitución Bonaerense lo prohíbe.
“La Legislatura sancionará su Presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo”, indica ese artículo.
Pero el Ejecutivo, en una extensa argumentación legal incluida en el decreto, indicó que la nueva forma de transferencia amenazaba con desarticular el sistema de cuenta única del Tesoro y además generaba un trato diferencial para la Cámara de Diputados respecto de otros poderes del Estado, incluso el Senado.
Fuentes del gobierno explicaron que para avanzar con el veto parcial consultaron a todos los organismos del estado pertinentes, que dieron su ok. Y se quejaron de los dispuesto por Diputados: «Se vetó porque era un mecanismo de asignación de recursos que los privilegiaba sobre los 17 millones de bonaerenses. Por qué tendrían primacía sobre docentes o policías, cuando de lo que estamos hablando es de un gasto no salarial», indicaron.
¿Parte de la interna?
Más allá de las explicaciones incluidas en el Decreto, en la Legislatura circulaba una versión que ligaba la decisión del Ejecutivo a la tensión política interna entre el kicillofismo, el cristinismo y el massismo, que tienen el poder en Diputados, cuya presidencia se alternan.
De fondo, la pelea disputada es por el control de un presupuesto del orden de los $222.800.000.000, que surge del mecanismo legal de otorgarle a la Legislatura el 0,9 del total de la Provincia, que luego se divide proporcionalmente entre las dos Cámaras (al Senado se tocarían $156.204.115.970 porque tiene menos integrantes).
Ante este escenario, el Legislativo tiene tres opciones: aceptar los vetos y volver al sistema anterior del reparto de los fondos, judicializar la cuestión -es un camino largo y la competencia en principio sería de la Corte Provincial- o insistir con los dos tercios de los votos en el proyecto de presupuesto que sancionó a principio de mes.
Se completó el reparto del poder
La novedad causó enojo en varias bancas al punto en que la sesión corrió peligro de caerse. Pero finalmente se realizó, de modo que pudieron concretarse los nombramientos pendientes en los cargos de condición que cristalizan el reparto de poder entre los diversos sectores.
Así, el bloque de los libertarios disidentes de Unión y Libertad colocaron a la diputada Blanca Alessi en unas de las vicepresidencias que aún no tenían titular, mientras que el radical Matías Civale asumió en la otra.
Cabe recordar que, en la Sesión Preparatoria anterior ya había quedado definido que la presidencia del cuerpo estará a cargo del peronista Alejandro Dichiara, mientras que se habían nombrado cuatro de las vicepresidencias: Alexis Guerrera (Frente Renovador), Mariano Cascallares (Movimiento Derecho al Futuro), Agustín Forchieri (PRO) y Juan Osaba (La Libertad Avanza).
DIB
