Un numeroso grupo de jueces, funcionarios y miembros del Ministerio Público jubilados de la Provincia de Buenos Aires encendió una fuerte señal de alerta por la situación previsional del sector. A través de un comunicado, advirtieron sobre una “crisis sin precedentes” y reclamaron la “urgente intervención de las autoridades” para revertir lo que consideraron una pérdida sustancial de derechos adquiridos.
El eje del conflicto gira en torno a la movilidad jubilatoria. Según sostuvieron, las jubilaciones del sector dejaron de actualizarse en línea con los salarios de los magistrados en actividad, pese a que una normativa vigente desde 1972 garantiza ese mecanismo automático. “Los haberes han perdido su carácter móvil”, remarcaron, en referencia a un principio clave del Sistema Previsional Judicial.
Desde 2022
De acuerdo con lo denunciado, la situación se agravó a partir de una acordada de la Suprema Corte Bonaerense de 2022, luego complementada en 2023, que introdujo nuevas subcategorías salariales para el personal en actividad. Esas mejoras, sin embargo, no fueron trasladadas a los jubilados, luego de que el Instituto de Previsión Social (IPS) resolviera excluirlas del cálculo de los haberes.
Como consecuencia, aseguraron que hoy existe una brecha entre el 35% y el 40% entre los ingresos de trabajadores activos y pasivos de igual escalafón y antigüedad. “En la práctica, esto vacía de contenido el derecho a la movilidad jubilatoria”, advirtieron desde el Foro de Jueces, Ministerios Públicos y Funcionarios Jubilados Bonaerenses.
Demandas
El reclamo no se quedó solo en lo declarativo. La controversia ya se trasladó al ámbito judicial, con el inicio de centenares de procesos en el Fuero Contencioso Administrativo Provincial. Las demandas fueron impulsadas por los propios afectados, que buscan recomponer sus haberes y restituir el criterio histórico de actualización.
En una nota difundida días atrás, firmada por los ex magistrados Silvina Darmandrail y Gabriel Luis Rojas, se denunció que “se están transgrediendo derechos adquiridos en materia previsional”, en un contexto que calificaron como especialmente grave, teniendo en cuenta la avanzada edad de muchos de los perjudicados.
Respaldo de la Red de Jueces Penales
El planteo sumó además el respaldo institucional de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que expresó su “más enérgico acompañamiento” al reclamo. Desde ese espacio, advirtieron que la situación “vulnera los cimientos mismos de la seguridad jurídica y la dignidad de quienes han dedicado su vida al servicio de justicia”.
“Un jubilado percibe hoy entre un 35% y un 40% menos que un magistrado en actividad de igual escalafón y antigüedad”, remarcaron, y fueron más allá al señalar que se trata de “una violación flagrante al principio de legalidad”, en la medida en que normas de menor jerarquía estarían alterando lo dispuesto por una ley vigente.
El conflicto abre así un nuevo frente de tensión en la Provincia, con impacto directo en uno de los pilares del sistema judicial. “No existe independencia judicial posible si el Estado, mediante artificios reglamentarios, confisca los haberes de sus magistrados jubilados”, concluyeron desde la Red.
DIB
